Con 335 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados aprobó incluir en el artículo 19 constitucional los delitos de extorsión, tráfico de fentanilo, contrabando de facturas falsas y tráfico de precursores químicos como causas de prisión preventiva oficiosa.
Se excluyeron de esta medida el narcomenudeo y la defraudación fiscal, argumentando los legisladores la necesidad de una futura reforma fiscal para una distribución más equitativa de la riqueza. Morena defendió la reforma como necesaria para combatir la extorsión y el tráfico de drogas, problemas que calificaron de “cáncer social”.
La oposición alertó sobre el riesgo de abusos y largas detenciones sin juicio, denunciando que la figura de prisión preventiva dejó de ser excepcional. Legisladores del PRI y PAN llevaron coronas funerarias y mantas al pleno, acusando que “murió la presunción de inocencia”. La reforma se envió al Senado para su análisis y eventual aprobación.
