El gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local una propuesta de reformas y adiciones al Código Penal local con el fin de tipificar como delito la corrupción inmobiliaria; entre ellas se establecen penas de entre diez y 20 años de prisión. De tal forma que se prevé la creación del Capítulo 15 en el Código Penal de la Ciudad de México para establecer el delito de “corrupción inmobiliaria”. Las sanciones también alcanzarán a “cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que sea parte el funcionario público”.