La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reforma el Código Penal para considerar la extorsión como un delito de alto impacto. Esta medida permitirá que sea investigado de oficio y castigado con penas de hasta 15 años de prisión, además de contemplar 15 agravantes si el ilícito se comete contra comerciantes y transportistas.
El dictamen también incluye la tipificación del delito de cobranza ilegítima, el cual será perseguido de oficio y quedará registrado en el capítulo de delitos contra la vida e integridad corporal. Esta iniciativa surge de la integración de propuestas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; y la diputada Tania Larios.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022, la extorsión fue el delito con mayor incidencia en el país, con una tasa del 28% por cada 10 mil unidades económicas, y la Ciudad de México encabezó la lista con un 15%. Sin embargo, más del 90% de los casos no son denunciados, lo que refleja una elevada cifra negra. El dictamen será enviado al pleno del Congreso para su discusión y eventual votación.
