Ante el desarrollo del proceso electoral concurrente 2023-2024, funcionarios, en su mayoría de los ayuntamientos, iniciaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) alrededor de 100 juicios de nulidad para salir del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
El presidente del órgano jurisdiccional, Guillermo Arroyo Cruz, abundó que se trata de servidores públicos que buscan la relección o un nuevo cargo, situación que originó una carga laboral del 20 por ciento durante el primer trimestre de 2024.
”Son multas que les han sido impuestas por diversas autoridades y que hoy no quieren estar en ese buró de deudores de multas, entonces, han sido multas por algún incumplimiento en algún laudo, en alguna sentencia, en algún requerimiento, entonces, se les impone la multa, se manda a la Secretaría de Hacienda para el cobro correspondiente, esto se convierte en un crédito fiscal a nivel estatal y entonces vienen con nosotros para tratar de nulificar ese crédito fiscal y no aparecer en esa lista de morosos o de deudores… Principalmente servidores públicos municipales de toda la entidad…”
Guillermo Arroyo Cruz / Presidente Tribunal de Justicia Administrativa
Las multas o sanciones económicas fueron impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o la Secretaría de Hacienda, mismas que se pretenden anular por quienes competirán en estas elecciones ya sea a través de la relección o un nuevo cargo y evitar problemas jurídicos en el futuro.
Destacó que en algunos casos, se trata de alcaldes que se negaron a pagar algún laudo o pensión por viudez u orfandad, lo que indirectamente los convierte en deudores alimentarios morosos al incurrir en esta situación.
